Una casa de estudios del Perú -la Universidad San Ignacio de Loyola, de propiedad de Raúl Diez Canseco Terry- está mostrando lo que es una estafa perfecta, pero no tan solo en teoría, sino en la práctica.
Como lo denunciáramos hace cuatro meses, la Unidad de Anticorrupción de la secretaría de Estado de Paraguay investiga la venta fraudulenta de libros y otros materiales de capacitación docente hecha al Ministerio de Educación de ese país por la peruana Universidad San Ignacio de Loyola consorciada con su filial en Paraguay.
Según la denuncia, los textos habrían sido plagiados de material perteneciente al Ministerio de Educación del Perú. Los libros, según se indica, corresponden a las materias de matemáticas, ciencias, sicología y química, con los cuales se capacitó a los docentes “en técnicas pedagógicas”.
El monto de la operación asciende a 27 mil millones de guaraníes, equivalente a alrededor de 5 millones de dólares. ¿Y las víctimas?
Además de la pérdida económica irrogada a uno de los países más pobres del continente, las víctimas son 2 mil 800 maestros paraguayos que fueron capacitados por el ministerio de su país en actualización de “prácticas pedagógicas innovadoras”. Si bien ellos no tuvieron ni arte ni parte en el latrocinio, están en peligro de perder la acreditación a la cual habían dedicado varios meses de trabajo.
Aunque los medios noticiosos peruanos no han informado mucho al respecto, la noticia está creando una crisis en el gobierno de Asunción, toda vez que el propio titular del ramo ha sido comprometido en el embrollo y ha optado por renunciar. Por otra parte, el Ministerio de Educación ha emprendido una investigación preliminar por “posibles actos de corrupción”.
La Universidad San Ignacio de Loyola tiene sedes en el Perú y Paraguay. Justamente el rector de la sede de Asunción, Yan Esperanza, dijo que su casa de estudios ganó la licitación para los cursos y se consorció con la de Lima “porque la sede Perú tenía la experiencia.”
¿En qué han cambiado las cosas de entonces para ahora?
En primer lugar, en que el Ministerio Público del Perú ya ha abierto investigación a nivel fiscal contra los que resulten responsables del presunto delito contra Derechos de Autor y Conexos, además de Plagio en agravio del Ministerio de Educación del Perú.
En el documento fiscal se cita a la plana mayor de la USIL, el rector Ramiro Salas Bravo, la directora de Proyectos Educativos, Victoria Jiménez Chumacero y las más altas autoridades de esta universidad
A ellos se les pide acreditar el vínculo comercial entre ambas universidades así como el grado de participación que ambas tuvieron en la tramposa capacitación brindada a los docentes paraguayos en 2018 y en la distribución de materiales demasiado parecidos a los del Ministerio de Educación del Perú.
Por su parte, el director de Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de Paraguay, José Casañas Levi, dijo al periódico ABC que harán una evaluación rigurosa sobre la denuncia presentada por el Gobierno peruano acerca de la utilización de materiales peruanos presuntamente plagiados en la capacitación de docentes paraguayos.
Apachurrado entre las investigaciones de ambos países, Gonzalo del Río Labarthe, abogado de Rosa Jiménez Chumacero, de la USIL de Lima, le advierte al fiscal peruano que ya existe una investigación en curso en Paraguay y que, por lo tanto existe un problema de competencia y que “lo correcto, por temas de competencia, es que la investigación se realice en Paraguay”.
Hay que aplaudir de pie al colega Del Río Labarthe porque su alegato es excelente… pero falaz. En realidad se trata, por lo menos, de tres delitos: en el Perú, el delito de plagio y usurpación de derechos autorales y conexos en agravio del Ministerio de Educación; en Paraguay, los delitos de estafa y contra la fe pública en agravio del Ministerio de Educación y del Magisterio. En realidad, una estafa perfecta.
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