Los países que han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU (entre ellos Perú), acuden a rendir cuentas a su comité cada tres o cuatro años. El Vaticano la firmó hace 12 años, y tuvo nueve años de retraso.
Recién la semana pasada, la Santa Sede se enfrentó ante el Comité sobre la Tortura de la ONU, que lo criticó duramente por los cientos de miles de abusos sexuales perpetrados por sus obispos, curas, monjas y demás funcionarios eclesiásticos. La audiencia se produjo apenas cuatro meses después de que otro organismo de la ONU, el Comité de los Derechos del Niño, acusara al Vaticano de encubrir sistemáticamente delitos sexuales contra menores de edad. Durante el encuentro, el arzobispo Silvano Tomasi reveló que la Iglesia había despedido, en la última década, a 848 sacerdotes por abusos sexuales de menores. Los despidos significaron que los sacerdotes dejaron su condición clerical pasando a una laica, mas no que fueran entregados ante las autoridades para ser procesados judicialmente.
En ese sentido, debemos tener sumamente claro que la revelación de la cifra de expulsados no es ni mínimamente suficiente, y ni siquiera necesaria, para proteger a las cientos de miles de posibles víctimas. Por el contrario, sí lo sería la revelación de los nombres y residencia de todos los abusadores que hoy andan sueltos o que aún continúan en el seno de la Iglesia con mochilas de denuncias a sus espaldas, pero habiendo sido trasladados de sus parroquias por obispos que deberían ser igualmente castigados ante la ley.
En 2011, la Red de Personas Abusadas Sexualmente por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) junto con abogados del Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) denunciaron ante la Corte Penal Internacional de La Haya al expontífice Benedicto XVI y a otros importantes funcionarios del Vaticano, por crímenes de lesa humanidad. En 20 mil páginas de registros, la red SNAP identificó casos de abusos sexuales en 76 países. Tan solo en EEUU se sostiene que existen 100 mil víctimas. De hecho, Katherine Gallagher, representante del CCR, señaló pocos días atrás, que si bien en Latinoamérica se conocen públicamente pocos casos, eso no quiere decir que no existan. De hecho, lo último es preocupante porque responde al poder elefantiásico que detenta la Iglesia, junto con la consecuente sumisión de los Estados a esta égida, que poco tiene de divina.
El Perú es un caso emblemático. En este país se puede apreciar claramente el sometimiento del aparato gubernamental –supuestamente laico– a los designios de los poderes eclesiásticos. Un caso es el malévolo lobby que está llevando a cabo la Iglesia en contra del proyecto de ley de Unión Civil. Otro notorio ejemplo es el hecho de que aún no se haya aprobado el protocolo de aborto terapéutico, si bien este derecho salvaría cientos de vidas, además de ser legal desde 1924. Y así podríamos seguir con la larga lista de potenciales derechos cercenados por la garra de una Iglesia que tiene sede en el Vaticano, uno de los dos Estados del mundo, donde no existe el sufragio femenino. Así que después que no me vengan a decir esas patrañas como que “todos somos iguales ante los ojos de dios” o que “dios es amor”. Para creerles, la Iglesia Católica tendría que refundarse.
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