El Poder Judicial de declaró nulo todo el informe final de la Megacomisión, donde se recomendaba acusar constitucionalmente al expresidente Alan García por las irregularidades cometidas durante su segundo gobierno. Coincidentemente, también venció el plazo de vigencia de esta comisión. Es decir, si se quisiera volver a investigar a Alan García, se tendría que formar una nueva comisión.
Por más increíble que parezca, esta no es la primera vez que Alan García se salva de ser investigado directamente. Desde su primer gobierno hasta el fin de su segundo mandato, Alan García ha sido seriamente vinculado con actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Sin embargo, él ha sabido driblear como nadie a la Justicia.
“Los crímenes de Alan García son tan horrendos como los de Fujimori, pero por más indicios que se han encontrado, el Ministerio Público ha jugado siempre a su favor”, dice Gloria Cano, directora de APRODEH. “Lo máximo que se ha logrado es que sea llamado como testigo” continúa Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción.
TÁCTICA Y ESTRATEGIA
La estrategia con la que Alan García ha enfrentado las investigaciones ha dependido de quién es el investigador al que se enfrenta. Por ejemplo, en el caso de la Megacomisión, “la defensa de García ha tratado de anular todo el proceso recurriendo a acciones de amparo”, señala el congresista Sergio Tejada. En otras ocasiones ha jugado en pared con aliados políticos. Por ejemplo, en el 2001, gracias a la influencia de los fujimoristas, consiguó la prescripción de los casos de corrupción de su primer gobierno. Pero, cuando las cosas se han puesto más complicadas, curiosamente, el Ministerio Público ha archivado las investigaciones o ha decidido que no “hay mérito para iniciar una investigación”.
En el caso narcoindultos, la procuraduría le presentó al Fiscal de la Nación, José Pélaez Bardales, algunas de las fichas de conmutaciones “de puño y letra de García donde él cambiaba la fecha de la condena”, la institución que dirige Peláez Bardales no las aceptó aduciendo que “no hay rigor probatorio” y que ya había una investigación en curso iniciada por el Congreso, recuerda Arbizu. “El que haya una investigación no quiere decir que no se pueda iniciar otra. Lastimosamente, cuando el Fiscal da respuestas así de absurdas no hay a dónde más acudir”, afirma el procurador anticorrupción Christian Salas.
Algo parecido sucedió en el caso de enriquecimiento ilícito, rápidamente archivado por Peláez. Aunque la Procuraduría Anticorrupción pidió ampliar la investigación y aportó nuevos indicios, el Fiscal no los aceptó. “Existe una inclinación de parte del Ministerio Público por ser más flexibles con ciertas figuras prominentes del APRA", sentencia Arbizu. Lo cierto es que en los casos de corrupción a los que Alan García estaba vinculado ha existido más de una extraña coincidencia que lo ha librado de ser investigado.
LOS PETROAUDIOS Y BTR
En octubre de 2008 se desató el escándalo de los petroaudios: interceptaciones telefónicas ilegales en las que se escuchaba a funcionarios de la administración de García traficar con sus influencias para otorgar contratos con el Estado. Los principales actores de aquella tragicomedia fueron Alberto Químper de Perupetro y el aprista Rómulo León, a quienes el país entero escuchó hablar de “aceitadas” para conseguirle favores a la empresa petrolera noruega Discover Petroleum Company.
Los audios pusieron al descubierto toda una maquinaria de ‘chuponeo’ que terminó con la salida de Jorge del Castillo, entonces Primer Ministro, junto a todo su gabinete. Más tarde supimos de la estrecha amistad de García con el dueño de Bussiness Track, de sus reuniónes con Fortunato Canaán, de las llamadas de Rómulo León a Palacio de Gobierno, etc.
La investigación se inició ese mismo año y se dividió en dos: por un lado el caso Businnes Track que incluía sólo a los chuponeadores; y por el otro, el caso Petroaudios que pretendía indagar sobre los casos de corrupción que se desprendían de las conversaciones e involucraban a funcionarios de la administración aprista que habían vendido favores.
“Lo de BTR se resolvió con una celeridad asombrosa para el promedio de los casos peruanos”, señala Julio Arbizu. Efectivamente, el caso BTR concluyó con la encarcelación de los responsables materiales. Sin embargo, “han pasado seis años desde que se inició la investigación por el caso petroaudios y ni siquiera estamos en el jucio oral”, dice el procurador Salas.
Lo más preocupante del caso es que prescribirá en octubre. Pero este es un final anunciado si se tiene en cuenta que las irregularidades comenzaron desde las primeras detenciones. Cuando se inició la investigación, el fiscal encargado, Óscar Zevallos sólo notificó a la Procuraduría de Energía y Minas como representante del Estado y no a la Procuraduría Anticorrupción, cuando los delitos investigados eran competencia de ésta. Luego, se ha obstaculizado el proceso con el contínuo cambio de fiscales. En total han sido cinco los que han visto el caso. Primero fue Óscar Zevallos, luego Juana Meza, seguida de Flor de María Vega, Delia Espinoza y Milagros Mora, actual fiscal encargada.
“Este cambio constante de fiscales ha sido un problema porque es un tema inmenso y justo cuando el fiscal termina de estudiarlo, lo cambian por uno nuevo. Resulta bastante sospechoso”, señala Christian Salas.
En lo referido a los informantes del caso BTR también hay hechos más que sospechosos. Por ejemplo, los marinos Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza se acogieron voluntariamente a la colaboración eficaz, sin embargo, después de dar su manifestación, fueron excluidos del proceso y en vez de ser comprendidos en el caso se les premió con un contrato en los consulados de Patterson, Nueva Jersey, y Nueva York, respectivamente, con un sueldo de 4.500 dólares.
Además, Ismael Matta entregó a la fiscalía un USB con información incriminatoria que hasta ahora no ha sido incluida como prueba del proceso. “Se quedó en manos de (Walter) Milla. Él lo tiene que tener, él nunca lo entregó”, señala Sergio Tejada.
En el informe de la Megacomisión, se recomienda que tanto el Fiscal Walter Milla como Jorge del Castillo, sean acusados por el delito de encubrimiento.
Pero eso no es todo, coincidentemente, el mismo día del primer allanamiento a las oficinas de BTR, la entonces Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz,tuvo una cita con Alan García. “Ella dice que fue para discutir un proyecto de ley pero esto resulta una coincidencia inverosímil”, afirma Tejada.
Otro hecho llamativo es que el General de la Policía en retiro, Miguel Hidalgo, entonces ministro del Interior decidió que sea la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) la que se encargue del caso y no la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). Hidalgo justificó su decisión argumentando quela DIVINDAT no tenía los recursos suficientes. Como es de imaginar, la decisión de Hidalgo sólo trajo dificultades a la investigación. En un posterior allanamiento a la casa de la analista de BTR, Giselle Gianotti, en enero de 2009, se incautaron cuatro USBs que en el traslado hacia la DIRANDRO fueron cambiados por otros. La fiscalía recién se percató del cambiazo en marzo de 2010. Es decir, un año y dos meses después.
Las pruebas siguieron desapareciendo. La madrugada del lunes 4 de mayo del 2009, un “intruso” ingresó al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, en el cuarto piso de Palacio de Justicia, y borró 592 archivos (audios y correos electrónicos) de dos USBs incautados también a Giselle Gianotti. Pero no es sólo la desaparición de pruebas lo que juega en contra del esclarecimiento de esta investigación. “Hay muchos audios y archivos que están lacrados. Hemos pedido al juzgado, a la fiscalía que (los) saquen y se abran y escuchen pero se han negado”, señala el procurador Salas.
A todo esto se suman también las dilaciones para empezar con el juicio oral. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pedía que para iniciar la fase oral se notificara a Discover Petroleum, incluida en la investigación como tercero civil responsable. El problema con este pedido es que Discover Petroleum ya no existe. “Nosotros pedimos que se inicie el juicio y se les envíe lo actuado pero hasta ahora no hay fecha cierta”, comenta Julio Arbizu. Mientras tanto,los involucrados en este caso están esperando que llegue octubre y se haga el milagro de la prescripción.
LA SOMBRA DE LA PRESCRIPCIÓN ASOMA
Esta no sería la primera vez que la prescripción salva a García de ser investigado. En 1992 se inició un proceso en contra del líder aprista por enriquecimiento ilícito, debido a su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), su intermediación en la compra venta de aviones Mirage 2000, además de un evidente desequilibrio patrimonial.
El otro proceso fue abierto en 1994, también por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, además se le acusaba de entregar sobornos para otorgar los derechos de construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima. Convenientemente, Alan García huyó del país y se refugió en Francia y Colombia, esperando que los delitos por los que se le acusaba, prescriban.
El futuro del caso petroaudios parecería seguir el mismo camino.
LOS FANTASMAS DE LAS MATANZAS
Si el segundo gobierno de García se caracterizó por los escándalos de corrupción, el primero estuvo marcado por graves delitos de violación a los derechos humanos.
El caso Cayara es uno de los que más llama la atención debido a las irregularidades que se cometieron. Entre los días 14 y 20 de mayo de 1988, un total de 39 campesinos del distrito de Cayara, Ayacucho,fueron asesinados de manera sistemática por un grupo de militares. Los pocos pobladores que quedaron vivos de aquella masacre, convertidos en testigos, fueron asesinados meses después.
“El Fiscal Carlos Escobar Pinedo estuvo encargado de la información, él le pidió ayuda a García para proteger a los testigos, le dio sus nombres, y al poco tiempo casi todos fueron asesinados”, señala Gloria Cano, directora de APRODEH.
Ese mismo año, la Comisión del Senado encargada de investigar la matanza negó los crímenes. Los únicos que discreparon fueron los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Seminario.
En el año 2005, la Fiscal Cristina de Olazábal incluyó a Alan García en la investigación del caso Cayara como responsable político junto a otros tres jefes militares y cuatro senadores. Poco tiempo después la fiscal fue removida de su cargo. Su sustituta, la fiscal Miluska Cano excluyó a Alan García de la investigación.
El caso de la matanza en El Frontón, en 1986, fue similar. A pesar de que 33 internos fueron ejecutados, el caso fue sobreseído por falta de pruebas. En 1990, una Comisión Investigadora del Congreso determinó que altos funcionarios civiles y militares estaban implicados en la masacre y acordaron emitir un informe al Ministerio Público pero el APRA, con el apoyo de los fujimoristas de Cambio 90, logró los votos necesarios para rechazar la acusación.
En el 2005, el Fiscal superior Edgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzáles reabrir la investigación contra el expresidente Alan García y todos los miembros del Consejo de Ministros de 1986. Sin embargo, el 26 de enero de 2006, la 5ta Fiscalía Supraprovincial, a cargo del fiscal Mario Gonzáles, resolvió el archivo definitivo del caso. Finalmente, en setiembre de 2013, el Tribunal Constitucional afirmó que lo sucedido en el Frontón no constituye un delito de lesa humanidad poniéndole fecha de “prescripción” a aquella ejecución extrajudicial.
“Hay un poder oculto detrás del Ministerio Público que ha impedido que se investigue”, afirma Gloria Cano, directora de APRODEH. “Yo estoy muy decepcionado del subsistema y con la nueva elección del fiscal no parece que el panorama vaya a mejorar”, finaliza el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu.
