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jueves, 1 de mayo de 2014

ALAN GARCÍA APARECIÓ CON PORTÁTIL AL JUICIO POR CASO ACCOMARCA



Militantes y simpatizantes apristas se enfrentaron con insultos a los deudos de las víctimas de la matanza de Accomarca, en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, lugar en donde se realizaba la audiencia por el mencionado caso.
Al mediodía había sido citado el expresidente de la República, Alan García, para atestiguar por el crimen, ocurrido durante el primer año de gobierno (1985-1990).
El 14 de agosto de 1985, durante una intervención al caserío de Accomarca, un grupo de militares asesinó a 70 campesinos.
Con arengas como: "¡No al Movadef! ¡No al terrorismo!". Los apristas presentes, que hacían las veces de una especie de portátil de García Pérez, insultaron a los deudos de las víctimas de la matanza, que cobró la vida de varios niños y niñas.
En el caso Accomarca no solo se juzga e investiga por un asesinato impune. Lo que sucedió aquel 14 de agosto fue una violación flagrante y explícita de los derechos humanos. A juzgar por los testimonios de los deudos de las víctimas, los campesinos no solo fueron asesinados por los militares comandados por el entonces subteniente Telmo Hurtado, sino que sufrieron episodios de tortura y las mujeres y niñas de la comunidad fueron violadas delante de sus padres y esposos.
SE ENTERÓ POR LA PRENSA
En su declaración ante la Sala Penal Nacional —instalada en el penal Castro Castro —, presidida por el juez Ricardo Brusset Salas, el expresidente Alan García aseguró haberse enterado de los crímenes cometidos en Accomarca a través de los medios de comunicación, por lo que, según su declaración, no pudo tomar acciones inmediatas.
Lo ocurrido el 14 de agosto de 1985 —durante el inicio de su primer gobierno— fue un tema aislado del cual tomó conocimiento en setiembre del mismo año, en una reunión de Defensa Nacional, precisó García.
El exmandatario señaló que durante su primer gobierno no se cometieron actos de lesa humanidad y, por el contrario, cuando tomó conocimiento del asunto —dijo— no pudo decidir acciones inmediatas debido a que el personal militar que actuó, con las órdenes del entonces subteniente Telmo Hurtado, ya había sido destacado a otra región al término del gobierno del antecesor, Fernando Belaunde Terry.
García relata en su declaración que más de un mes después de la matanza en Accomarca, setiembre (de 1985), pudo recibir un informe completo de los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes le informaron que se trató de un enfrentamiento entre militares y terroristas, más no una matanza.
Pese a ello, según la versión del exmandatario, pidió a ambas cámaras del Congreso de la República (diputados y senadores) que inicien investigaciones al respecto y solicitó a las Fuerzas Armadas información sobre el patrullero encargado del resguardo en la zona y a la que se le responsabilizó de los crímenes.
Ante las preguntas del fiscal del caso, Luis Landa, García agregó que durante su primer gobierno ordenó la destitución del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como responsable político en acción contra los derechos humanos.
DATO: Alan García asistió a la referida audiencia luego de haberse ausentado en dos ocasiones por ‘motivos personales’, viéndose obligado a acudir en esta tercera oportunidad porque podría luego haber sido citado de grado o fuerza.

Vicepresidenta de la Región Lima denuncia amenaza de muerte

Lita Román teme por su vida. (Gobierno Regional de Lima)

La vicepresidenta de la Región Lima, Lita Román Bustinza, denunció que viene siendo amenazada de muerte debido a que continúa investigando presuntos actos de corrupción en la actual gestión regional, a cargo de Javier Alvarado.
La funcionaria afirmó que incluso ha recibido llamadas a su casa y que un funcionario le advirtió lo que podía pasar con ella. “Están desesperados porque se van a la reelección”, manifestó a Perú21.
Dijo que aún no ha podido denunciar el hecho ni conversarlo con Alvarado, pues existe una resolución de la gobernación que le impide acercarse a él. “Ha pedido garantías por intento de homicidio y me está involucrando”, sostuvo. También afirmó que , sin éxito, habían solicitado su vacancia al Jurado Nacional de Elecciones.
Al respecto, representantes de la Región Lima minimizaron la acusación, ya que, según afirmaron, carece de sustento legal. “Se trata de una venganza política”, manifestaron a este diario.