** Ramos formaliza investigación contra magistrados que intervinieron ‘La Centralita’. En 2012 y 2013, Peláez nombró fiscales a un militante del partido de César Álvarez y a un exfuncionario del gobierno regional
Daniel Yovera
Algo de razón habría tenido el procurador anticorrupción de la provincia del Santa, Richard Asmat Urcia, cuando en un lapidario documento que publicó este diario el jueves último, sentenció que en Áncash el Ministerio Público y el Poder Judicial estaban sometidos por el poder político de esa región.
“El titular (del gobierno regional) y determinados funcionarios tienen sometidos por corrupción y/o amedrentamiento (muertes y atentados) tanto al Ministerio Público y al Poder Judicial”, sentenció el procurador en un informe elaborado en setiembre de 2012.
En los últimos años esa sensación se alimentó con otras decisiones que se tomaron desde altos niveles.
Por ejemplo, la separación y el cambio de diez fiscales que investigaban casos emblemáticos de corrupción, la poca diligencia para investigar los crímenes y procesar a los asesinos de los adversarios políticos, el desinterés por proteger a los pocos magistrados que daban la cara y, a cambio, recibían amenazas, o los millonarios convenios con el gobierno regional para que este construya nuevas fiscalías y juzgados.
A esos hechos de dominio público se suma ahora el conocimiento de dos decisiones que fueron tomadas desde el Ministerio Público por dos de los más importantes fiscales supremos del país, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y el fiscal supremo Carlos Ramos Heredia.
Ambos, los de mayores posibilidades de manejar por los próximos tres años la Fiscalía.
Primero, Ramos acaba de notificarles a los cuatro exfiscales que allanaron el famoso inmueble denominado ‘La Centralita’ su decisión de formalizar investigación contra ellos. Los acusa de haber cometido irregularidades y abuso de autoridad en la diligencia.
Y segundo, que entre 2011 y 2012 Peláez designó como fiscales en Áncash a dos abogados que de alguna manera estaban vinculados al poder político en Áncash: un militante de Cuenta Conmigo, el partido de César Álvarez, y un exfuncionario del gobierno regional.
Extraño o no, son hechos que ocurren y ocurrieron, y están documentados. diario16 los pone ahora en conocimiento porque quizás explicarían, en parte, por qué la sensación en Áncash es de gran desazón con instituciones como el Ministerio Público.
RAMOS Y LOS FISCALES DE ‘LA CENTRALITA’
El jueves último los cuatro exfiscales anticorrupción del Santa que intervinieron y allanaron el inmueble denominado ‘La Centralita’ en julio de 2011 –César Jiménez Rodríguez, Javier Estrada Rodríguez, Miguel Vilca Zavala y Christian Aceijas Silva– recibieron una notificación en sus domicilios de Chimbote.
La Fiscalía Suprema de Control Interno, que dirige el fiscal supremo y candidato a fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, les notificaba su decisión respecto de una denuncia que contra ellos había impuesto el parlamentario Heriberto Benítez, por supuesto allanamiento ilegal.
Era el Informe 06-2014, firmado por Ramos Heredia y dirigido a José Peláez, que recomienda formalizar investigación preparatoria contra los exfiscales por abuso de autoridad en el allanamiento del inmueble donde, según las denuncias, funcionaba un presunto centro de operaciones ilegales.
Ramos concluye que los exfiscales que ejecutaron el allanamiento se basaron “en conjeturas que no han sido corroboradas mínimamente con actos de investigación que podían hacer que la argumentación entregada por el ciudadano Juan Calderón sea corroborada”.
“El accionar fiscal ha sido apresurado, evidenciándose desconocimiento del procedimiento y el respeto a las formalidades”, agrega Ramos.
El fiscal supremo también los acusa de haber “perdido la objetividad” y “actuado con desconocimiento de las facultades y obligaciones que el nuevo modelo procesal penal otorga al Ministerio Público”.
Aunque, el candidato a fiscal de la Nación no consigna en su informe eventos como la reunión que sostuvieron César Álvarez, Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo en el despacho del entonces fiscal superior del Santa, Dante Farro, ni para qué fueron, como tampoco da cuenta de la presunta infidencia que impidió que los exfiscales encontrasen evidencia en el local.
Ramos ya tomó posición. Y si la misma favorece los intereses de Álvarez, Benítez y Crisólogo, es un tema de interpretación.
En todo caso, esta célebre frase que pronunció Álvarez cuando José Peláez separó a los cuatro fiscales, en julio de 2011, dice mucho: “Yo felicito al fiscal de la Nación, felicito al congresista Heriberto Benítez, esos son, ¡ese es el congresista que hace respetar a nuestro pueblo! ¡Que se larguen esos fiscales! Que lo único que han hecho aquí es crear el caos y hacerse ellos como si fueran los dueños de nuestras vidas”.
Paradoja: hoy el fiscal Peláez es investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura por haber tomado esa decisión.
EL FISCAL MILITANTE
El doctor José Peláez no solo ha separado o removido a los fiscales que le seguían el rastro a la corrupción en Áncash. También ha hecho nombramientos que resultaron por lo menos extraños.
diario16 ha encontrado que el fiscal de la Nación designó como fiscales de dos despachos de esa región a un militante de Cuenta Conmigo, el partido liderado por el presidente regional César Álvarez, y a un exfuncionario del gobierno regional de Áncash.
Parecería ser parte del guion de la historia del gato que ponían a cuidar la despensa. Pero son hechos documentados.
El 25 de setiembre de 2012, el fiscal José Peláez designó como nuevo fiscal de la provincia ancashina del Santa al abogado Augusto Magno Huaroma Vásquez.
La decisión de Peláez se plasmó en la Resolución Nº2509.
Sin embargo, la presencia de este abogado se hizo evidente y pública el sábado 24 de agosto de 2013, cuando apareció en el diario oficial El Peruano la Resolución Nº2492, firmada por el mismo Peláez, en la que designaba a Augusto Magno Huaroma Vásquez como nuevo fiscal penal de Casma.
Algunos periodistas de esa provincia lo recordaron y dijeron de quién se trataba. Era un militante del Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo, el partido político de Áncash que lidera el presidente regional César Álvarez Aguilar.
Entonces, empezaron a llamarlo “fiscal comando”, que es como denominan en la región a todo aquel que se alinee con el presidente Álvarez.
Algunas radios y diarios de Casma ponían en duda, incluso, que Huaroma fuera a investigar ilícitos de importancia en esa provincia, como obras paralizadas o ejecutadas con material de mala calidad.
Tal habrá sido el descontento, que a inicios de diciembre del año pasado, más de un año después de su destaque a Casma, el fiscal superior decano del Santa, Dante Farro Murillo –a quien consideran un hombre cercano a César Álvarez–, se dirigió a esa provincia y constató el trabajo que efectuaba Huaroma, el llamado “fiscal comando”.
Ni siquiera Farro pudo defenderlo. “Voy a recomendar su cese ante el fiscal de la Nación por dos motivos: por su ausencia reiterada y por su baja producción para resolver casos que se encuentran a su cargo”, dijo la alta autoridad a los periodistas casmeños.
¿El doctor Peláez o sus asesores no tuvieron en cuenta su militancia, que podía ser ubicada fácilmente en la página web del Jurado Nacional de Elecciones?
La Oficina de Prensa de la Fiscalía ha señalado que el letrado fue “separado por acciones funcionales” y ya no pertenece al Ministerio Público.
Pero el hecho concreto es que en su momento y durante su pertenencia al partido de Álvarez, Peláez lo designó fiscal de Áncash.
EL FUNCIONARIO
El segundo caso es el del abogado Hugo Alejandro Hernández Delgado, a quien no se le conoce militancia partidaria, pero sí una vinculación profesional con el Gobierno Regional de Áncash.
Hernández Delgado fue nombrado fiscal adjunto provincial el 3 de junio de 2011, con la Resolución Nº953-2011, firmada por José Peláez Bardales, y designado de inmediato a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash.
El problema con este letrado es que había estado vinculado no hace mucho a la gestión de Álvarez Aguilar.
En mayo de 2008 fue contratado como auditor supervisor en el Órgano de Control Interno del Gobierno Regional de Áncash, con un pago de S/.14 500.
Y el 25 de diciembre de 2009 el mismo gobierno regional lo contrató como auditor de las actividades y acciones de control que determinara la jefatura del órgano de control del gobierno de esa región.
Según el contrato que firmaron el gerente general del gobierno regional, Richard Cabana Chauca, y el abogado Hernández, el plazo del contrato vencía el 31 de marzo de 2010 y su salario mensual era de S/.2 900.
Contaba, además, con algunos beneficios como vacaciones y afiliación a EsSalud.
En suma, era un trabajador a tiempo completo del gobierno regional.
Esta información estaba disponible en internet y cualquier interesado podía haberlo sabido. Aun así, este exfuncionario del gobierno regional fue nombrado fiscal anticorrupción en Áncash.
Claro que no duró mucho en el cargo. Una semana después de su designación, el fiscal Hugo Hernández le envió un escrito al fiscal Peláez renunciando al cargo, aduciendo razones estrictamente personales.
Peláez aceptó el pedido, pero publicó la resolución con la declinación un mes y medio después de la renuncia, el 21 de julio de 2011. Al igual que Huaroma, Hernández ya no ostenta el cargo de fiscal, pero por decisión propia.
Porque, en su momento, nadie de la Fiscalía de la Nación reparó en ese detalle. ¿O tal vez sí?
¿CON DISTINTA VARA?
Volviendo a los fiscales que quedaron fuera del Ministerio Público luego de haber querido hacer su trabajo en Áncash, simbólico es también el caso de la exfiscal de Nuevo Chimbote Carmen Berrocal Gonzales, quien en 2012 investigaba el asesinato del fiscal de Casma, Luis Sánchez Colona.
El principal sospechoso de haber ordenado liquidar al fiscal era un empresario llamado Jack Castillo Castillo, proveedor del Gobierno Regional de Áncash y, en ese proceso, patrocinado por el abogado Daniel Maurate Romero, uno de los socios principales del Estudio Peláez Bardales, Cárdenas Martínez & Maurate Romero.
En plena investigación, la fiscal Berrocal le pidió al gobierno regional información sobre las licitaciones que se había adjudicado Castillo Castillo y solicitó su detención.
Lo que vino luego fue su cese del Ministerio Público. Alguien se acordó de que Berrocal tenía un proceso administrativo pendiente de resolver en Arequipa, donde la acusaban de usurpación de funciones.
“Dijeron eso porque firmé un pedido de protección para una familia ante un caso de violencia familiar, era urgente hacerlo porque no estaba presente la fiscal titular”, dijo a este diario Berrocal.
La exfiscal relata que igual, en julio de 2012, Peláez le ordenó a la fiscalía de Arequipa abrirle una investigación, justo en momentos en que las indagaciones por el asesinato del fiscal de Casma estaban avanzadas.
Con todo ello, el proceso contra Berrocal se archivó en diciembre pasado, y, claro, la Fiscalía Superior Penal de Arequipa apeló. Pero allí no acabaron sus problemas.
En diciembre de 2013 le llegó vía notificación una disposición del fiscal Peláez donde le autorizaba al Ministerio Público de Áncash “el ejercicio de la acción penal” contra Berrocal por presunto abuso de autoridad.
En 2012, la fiscal le había reclamado a un asistente administrativo que supuestamente extraía documentos de la Fiscalía Mixta de Nuevo Chimbote, y en la puerta de salida del local le exigió abrir su maletín.
“Yo había recibido información de los señores de seguridad de que este señor extraía documentos”, explicó Berrocal.
El asistente administrativo se llama Marco Cabrera Cabanillas.
Hoy, esta exfiscal, que quiso saber la verdad en un caso en el que intervenía un socio de uno de los hermanos Peláez Bardales, ha quedado fuera del Ministerio Público y, además, debe enfrentar esta nueva investigación penal dispuesta por el fiscal de la Nación.
En tanto que, quien fue encarado por ella, el administrativo Marco Cabrera Cabanillas, ha sido nombrado hace poco fiscal adjunto en el distrito judicial del Santa.
Estas son las cosas que ocurren en la jurisdicción en donde el recientemente asesinado Ezequiel Nolasco Campos reclamaba, día y noche, que no había justicia.
